El organismo prevé comprar más bonos
El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, defendió ayer la política oficial de orientar
recursos del fondo de garantía del sistema a financiar al sector público, y afirmó que lo importante es que esas operaciones "se hagan explícitas"
ya que debe quedar claro que el dinero es de los jubilados. Agregó que también es un objetivo financiar con ese fondo proyectos que sean mano
de obra intensiva, para que la creación de empleo en blanco ayude, a su vez, al sostenimiento del régimen previsional.
La Anses tiene actualmente una letra del Tesoro por $ 2750 millones, que vence en abril próximo y devenga un interés del 8,5% anual. Y otra
letra por 500 millones, con vencimiento a mediados de marzo venidero, con un interés del 8,35%. Ambas operaciones -en el primer caso se trata
de una colocación ya prorrogada tras su vencimiento original- fueron dispuestas por resoluciones de las secretarías de Hacienda y de Finanzas.
En el programa financiero de este año, el Ministerio de Economía prevé mayores colocaciones entre organismos públicos, ante las dificultades
para conseguir en el mercado de inversores recursos para pagar deuda.
Boudou señaló que no puede haber un sistema previsional superavitario y a la vez un Estado que se tenga que financiar a un alto costo. Las
declaraciones fueron hechas durante una charla sobre jubilaciones, en el II Congreso Internacional de Economía y Gestión, organizado por la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Respecto del hecho de que el sistema de reparto acumule un fondo que destina a inversiones como la compra de bonos públicos, Boudou
comentó que más de una vez le preguntan por qué no se usan esos recursos para subir las jubilaciones, en lugar de guardarlos. La razón, según
explicó, es que el sistema jubilatorio implica un
contrato intertemporal "y es necesario darle solvencia para que nunca más a nadie se le ocurra bajar las jubilaciones un 13 por ciento, como ya
ocurrió", en referencia a la decisión tomada en el gobierno de Fernando de la Rúa.
Boudou, que asumió al frente de la Anses el mes pasado -antes había estado a cargo de la gerencia general-, comentó que entre 2001 y este
año se redujo de 24 a 8 meses el tiempo promedio para tramitar la jubilación, en tanto que el objetivo para 2009 es lograr que ese plazo sea no
mayor a los dos meses. Para mejorar en ese aspecto, el organismo paga a sus empleados adicionales por productividad.
Boudou defendió la decisión tomada en los últimos años de privilegiar el aumento del haber mínimo por sobre las subas de jubilaciones
generalizadas. De hecho, quienes cobran más que la mínima debieron esperar bastante tiempo, mientras la inflación deterioraba sus ingresos,
para recibir alguna recomposición. La situación de este grupo se agrava por la falta de una ley de movilidad, ya ordenada por la Corte Suprema,
que habilite una actualización periódica y automática de los haberes.
"La crítica es que achatamos la pirámide" de ingresos, observó, en alusión a que, con el desigual sistema de ajustes, los haberes no son
proporcionales a lo que se aportó en la vida activa. "Nuestra respuesta es que casi el 50 por ciento de las prestaciones de la seguridad social
están financiadas con impuestos de rentas generales" que pagan todos los consumidores, incluso los de menor poder adquisitivo, justificó.
"Así, el sistema era Hood Robin: tomaba recursos de los sectores más desprotegidos para que recibieran beneficios" quienes habían tenido una
vida laboral con ingresos y protección. En la misma línea, justificó el ingreso al sistema previsional "de 1,8 millones de personas" que accedieron
al haber por la moratoria de aportes.
A su turno, el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce, contó que el anterior director ejecutivo de la Anses, Claudio Moroni, había pedido trabajar en prever inversiones del fondo de garantía en proyectos que generaran empleo. El evento, del que
participaron el secretario de Seguridad Social, Walter Arrighi, su antecesor en ese cargo, Alfredo Conte Grand, y Raúl Herrera, del Centro de
Seguridad Social de la UBA, tuvo su momento más distendido cuando la última expositora, la directora de la carrera de actuario, Cristina
Meghinasso, decidió hablar en tono descontracturado de sí misma, como ciudadana que debe tomar sus decisiones en el sistema jubilatorio. La
tarea no es simple, según concluyó: a la hora de analizar si capitalización o reparto, por ejemplo, hay información no disponible, porque
directamente no existe. "No puedo saber ni cuál será mi futuro laboral, ni la inflación, ni la rentabilidad de los fondos", finalizó.
Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION
